Es diciembre de 2018, el Centro de Migraciones en la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela, está rebasado: todas las habitaciones ocupadas y se pueden observar en el patio sillas de plástico y, sobre ellas, toallas y la ropa lavada de quienes allí se hospedan. Ese paisaje muestra la presencia de muchos viviendo y conviviendo en este lugar. Hay muchas niñas, niños y jóvenes en la entrada del Centro, en los pasillos, afuera; también personas adultas, todos provenientes de Venezuela. 

Entre las distintas historias que pueden conocerse en el Centro de Migraciones está la de Luis, un niño venezolano de 11 años, albergado en el Centro junto con su mamá, su padrastro y dos hermanos, todos provenientes del estado de Falcón, Venezuela.

Luis cuenta que cuando se enteró que se vendría toda la familia a Colombia estuvo revisando información sobre el país para saber cómo era. Así fue como conoció algo de Cartagena, Barranquilla y Bogotá, a través del internet:

Al preguntarle por su experiencia de viaje, relató que primero había pensado que sería un viaje tranquilo, pero expresa que, por el contrario, no le gustó; dieron tantas vueltas que fue muy difícil para él, porque estuvo vomitando todo el tiempo. El trayecto más duro fue de San Cristóbal a San Antonio, lleno de muchas curvas que lo enfermaron, aun si estaba a menos de dos horas de Villas del Rosario, Colombia. Llegaron a San Antonio y cruzaron por la “trocha” porque no traían el pasaporte para poder hacer el paso oficial por el puente Simón Bolívar:

Las trochas son caminos o pasos verdes que están entre los matorrales que acompañan el río Táchira, límite natural entre Colombia y Venezuela. Estos pasos fueron creados como resultado de las actividades del contrabando en la región. Por ahí se han llevado productos de la canasta básica provenientes de Venezuela, así como gasolina, que es mucho más barata y se convierte en un negocio rentable en la ciudad de Cúcuta. Las y los ciudadanos venezolanos que no tienen pasaporte o la Tarjeta de Movilidad Fronteriza se ven entonces obligados a usar las trochas para llegar a Colombia. De esta manera, se ha abierto un mercado para los grupos criminales que controlan este territorio. Lo que sucede en las trochas es bien conocido tanto por la población en la frontera como por las autoridades de ambos países. Meses antes de 2018 incluso circularon videos en las redes sociales en los que se mostraba de qué manera la gente que cruzaba por el puente fronterizo se veía obligada a tirarse al suelo porque en horas del día se oían ráfagas de fuego. La dinámica criminal ha estado presente desde antes del éxodo y ahora se ha visto beneficiada con éste.

Luis menciona que quienes les cobraron por pasar la trocha les dijeron que no podían voltear a ver hacia ningún lado: “Sólo podemos ver al frente, caminar hacia el frente”. Una lógica que obedece al hecho de que en este lugar también ocurren crímenes, como asesinatos y torturas, y es mejor no verlo.

Aunque su padre tenía carnet fronterizo (Tarjeta de Movilidad Fronteriza), que le permitía transitar oficialmente, Luis y sus hermanos no contaban con la cédula venezolana (3) ni con el carnet. No era posible que el padre pasara por el puente y ellos por la trocha, así que decidieron cruzar todos juntos. Esta historia es común entre las familias cuyos integrantes no tienen pasaporte por las restricciones que hay para obtenerlo del lado venezolano debido a su elevado costo, así como por los eternos trámites y la imposición de Colombia que exige el documento a la entrada en su territorio. Entonces las familias se ven obligadas a pagar para que alguien las cruce por la trocha. 

Cuando llegaron a Cúcuta tuvieron que quedarse en el Parque Lineal, un espacio en el centro de la ciudad asediado permanentemente por habitantes en condición de calle y consumidores de sustancias psicoactivas. Se quedaron allí porque al papá se le había olvidado el camino para llegar al Centro de Migraciones. 

Ahora compara la experiencia de haberse quedado en la calle con la posibilidad de estar en el Centro de Migraciones. “Es más bonito estar aquí que pasarla allá afuera”, dice. “En ese Parque Lineal se roba y se consumen sustancias ilegales”, además de que también supo de historias sobre situaciones de violencia armada ocurridas ahí. 

Antes de venirse a Colombia, vivían en casa de su abuela, sin embargo, su madre no estaba muy contenta de tener que compartir el espacio; quería algo para ella, su esposo y sus hijos. La relación con su mamá no era muy buena y el tío que también vivía ahí tenía problemas con las autoridades por andar metido en negocios en los que se endeudaba y no pagaba. Luego estuvieron en otro lugar, allí su mamá tuvo un recurso e invirtió para la compra de un terreno, pero la estafaron. El dinero sirvió para sacar a un chico de la cárcel y éste, armado, amenazó a su madre, así que todos tuvieron que salir de allí.

En el Centro de Migraciones ya se siente mejor. Su padre debe dormir en el cuarto de los hombres, ellos duermen con su mamá. Allí comparten el cuarto con otra familia que viene de Maracay.

A pregunta expresa sobre qué van a hacer, Luis responde que se van hacia Bogotá; la otra familia piensa hacer lo mismo. Será un largo camino a pie porque no han logrado conseguir recursos para pagar un transporte.

Luis siempre está alerta para oír las conversaciones entre los adultos y funcionarios (de algún organismo), en la búsqueda de encontrar alguna información que pueda serles útil para el viaje que emprenderán, sobre todo, está interesado en conseguir los recursos económicos para que, en el tránsito hacia el interior del país, no tengan que ir caminando. Ha escuchado que hay organizaciones que ayudan a pagar los costos del transporte, pero es diciembre, el personal ya está en vacaciones navideñas y no retornarán a laborar hasta las últimas semanas de enero, razón por la cual esa posibilidad se vuelve más remota. Llevan ya un mes en el Centro y las reglas del lugar, así como el cansancio de la espera, los anima a salir caminando con un gran contingente que hará el trayecto a pie. 

Luis se va triste por dejar a sus amigos y amigas que ha conocido durante este mes, y también porque tendrá que sufrir los embates de la caminata y atravesar el “monstruo, la nevera, el páramo de Berlín”, ese paraje en el que se sufren bajas temperaturas, insoportables para el cuerpo, que se suman a los dolores, heridas y fatiga que genera la ardua y larga caminata. Dice extrañar a su amigo Víctor, de quien se acompañó durante el poco tiempo que estuvieron juntos en el Centro. Le hace falta el juego, está aburrido porque ya no tiene con quien jugar. Sabe que pronto van a tener que salir del Centro y emprender la caminata. Por ahora su esperanza es ser fuerte para poder seguir y no afectar a su familia. También espera que cuando la situación de Venezuela mejore, puedan regresar nuevamente a su país. 

A un año de su paso por el Centro, indagando entre adolescentes que mantuvieron contacto con Luis y su mamá a través de las redes sociales, sabemos que están de nuevo en Venezuela; su madre y su padrastro tuvieron problemas de pareja, él retornó a Cúcuta y su mamá lo siguió; en este retorno, Luis fue enviado con su hermano a Venezuela mientras su mamá y su padrastro se asentaron en Cúcuta.

Ángeles, de 17 años, Eduardo, de 15, y Víctor, de 9, son tres hermanos venezolanos que llegaron al Centro acompañados de su primo Alexander, de 21 años, quien fue designado por su madre como el tutor legal para llevarlos a su reunificación; con ellos iba también John, otro primo de edad similar, y Pedro, el novio de Ángeles. Todos salieron de Venezuela rumbo a Perú en busca de reunificarse con su madre y tuvieron también que pasar la trocha para llegar hasta Cúcuta.

Cuando su mamá decidió irse de Venezuela unos meses antes, una amiga, que ya había recorrido este camino, la apoyó con el transporte para ir a Perú. Sus hijos se quedaron solos en su casa en Caracas y recibieron la ayuda de vecinos cercanos, que compartieron los alimentos cuando les era posible y les dieron los cuidados que necesitaban. Las redes familiares, vecinales y de amistad fueron un soporte importante para sostenerse en el lugar de origen, de tránsito y de llegada.

La madre dejó todos los documentos legales en orden para garantizar que, una vez que tuviese estabilidad en Perú, pudiera reunirse con sus hijos. Afortunadamente para la familia, Alexander tenía pasaporte: “Yo había sacado el pasaporte hacía tiempo porque tenía mi sueño de salir, viajar y conocer otros lugares del mundo, nunca para emigrar”. Logró obtenerlo antes de que la situación de la migración se complicara y comenzaran las trabas del gobierno en cuanto a costos, tiempos de espera e, incluso, conseguir los dólares para pagar. “Pareciera que el gobierno de Maduro no nos quiere dejar salir y por eso no nos lo da”. Las notas periodísticas señalan que los trámites pueden tardar dos años y los costos se han elevado (4), pues si bien la tarifa oficial es de 20 centavos de dólar, en el mercado negro oscila entre los 700 y 5500 dólares. Adicionalmente, para los documentos vencidos se estaban dando dos años de prórroga, sin bien la Asamblea Legislativa ha planteado otorgar un aplazamiento de cinco años y exige a las autoridades agilidad en la expedición de los documentos nuevos. (5)

Además, Ángeles señala que no sólo los que tienen el dinero, sino también quienes tienen contactos con el gobierno son los únicos que pueden acceder al documento. Cabe señalar que, si bien la exigencia sobre el derecho a migrar para buscar un sueño, un deseo y un futuro suele reclamarse a los países de destino cuando implementan políticas migratorias restrictivas, en el caso de las personas migrantes venezolanas este derecho se exige desde su país, debido a las dificultades de adquirir el documento que les permite entrar y transitar por Colombia y hacia el resto de Sudamérica. Esta situación, aunada a las medidas restrictivas en los países de destino, como Perú y Ecuador, que decidieron exigir el pasaporte para permitir el internamiento en su territorio, dejan en una situación de irregularidad a cientos de familias venezolanas. 

Mientras tanto, pasan los días conviviendo con otros niños y mujeres en el Centro de Migraciones, donde Víctor se ha hecho muy amigo de Luis; han compartido juegos y también discusiones acerca de la situación de Venezuela. En una de las actividades conjuntas Luis pregunta por qué la mamá de Víctor no viene a recogerlos y llevarlos con ella, y él responde: 

Víctor se vincula con otras familias a través del juego con los niños y su hermana Ángeles convive más con las mujeres en el Centro, mientras Eduardo se queda con sus primos. Luego de diez días en el Centro de Migraciones sin tener claro qué hacer, Alexander siente un peso enorme al pensar en que será necesario que Víctor camine todo el largo recorrido para llegar a Perú. En el Centro le han dicho que la organización que ayuda con recursos para la reunificación familiar está en receso y no volverán a labores hasta el 23 de enero de 2019. Su rostro refleja preocupación porque no estaban preparados para esperar tanto tiempo en la ciudad. Se sienten desesperados. Víctor menciona en forma recurrente que su único deseo es poder encontrarse con su mamá, ojalá antes de que finalice 2018, porque desea recibir el año nuevo junto a ella. Él y Ángeles han escrito una carta al “Niño Dios” donde le piden llegar pronto a Lima y reencontrarse con su madre. Eduardo es más silencioso, reservado, pero cuando habla de la situación por la que están pasando, también menciona su enorme deseo de poder estar todos reunidos con su mamá en Lima. 

Alexander está inquieto y preocupado. Cree que, debido a la situación, van a tener que emprender el viaje caminando y piensa que Víctor no podrá resistir, pero este último dice que si ésa es la única forma para seguir con la meta de ver a su mamá, va a hacer todo el esfuerzo por aguantar. 

Dos días después de presentar el caso ante un organismo internacional, reciben la ayuda de transporte que los llevará desde Cúcuta hasta Lima. Para ello, deben realizar el trámite de la tarjeta fronteriza andina, con la cual pueden tener una identificación oficial para comprar los pasajes y transitar por todo el país, tanto en Colombia como en Ecuador, y así llegar a Perú. Coordina el viaje el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, esperando que, al llegar a la frontera con Ecuador, sus oficinas en ese país puedan seguir coordinando la travesía hacia Perú. Finalmente, Víctor, Ángeles y Eduardo logran reencontrarse con su mamá 14 días después de su llegada a Cúcuta.

Ya en Lima, Víctor expresa lo feliz que se siente tras once meses de haber comenzado la travesía entre Venezuela y Colombia para reencontrarse con su mamá. En Lima asistía a una escuela, pero actualmente no está estudiando porque tuvieron que mudarse del lugar donde vivían. La experiencia ha sido grata, ha hecho amigos y aunque hay algunos que quieren burlarse de él porque es venezolano, dice que no presta atención a esos comentarios. “La miss [profesora] y otros compañeritos han sido muy buenos conmigo, me tratan con respeto”. 

Es muy probable que estos casos de reunificación familiar ocurran con mayor frecuencia y también es posible que no cuenten con todas las condiciones de documentación, a diferencia de Ángeles, Eduardo y Víctor, a quienes su mamá les había arreglado todos los documentos antes de partir, cuando las dificultades de trámites no eran tan difíciles. Es de esperarse que la situación se vuelva más compleja porque, desde fines de 2018, las personas informan sobre mayores dificultades para conseguir un pasaporte. De esta manera, gobiernos y organismos de ayuda tendrán que buscar soluciones que permitan favorecer estos procesos de reunificación y, al mismo tiempo, velar por que haya medidas de protección en estas rutas para evitar la trata de niñas y niños, entre otros peligros. 

Entre las distintas dinámicas que se presentan con la expulsión de niñas, niños y adolescentes, encontramos aquellos adolescentes que llegan solos a Cúcuta. Muchos de ellos se han responsabilizado de salir del país con el fin de enrolarse laboralmente y enviar ayuda a la familia en Venezuela. Estos adolescentes están en una situación compleja, porque su horizonte es encontrar el vínculo laboral para ayudar a sus familias, pero al no estar acompañados en Colombia, pueden enfrentarse a problemas como que no los reciban en los albergues, cuyas normas no permiten niñas, niños y adolescentes sin la presencia de un adulto cuidador responsable. Sabemos de estos casos justamente porque estos albergues reportan que han tenido que negar la entrada en situaciones de este tipo. 

En un territorio donde los actores del crimen organizado se mueven sistemáticamente en la frontera, controlando el paso de contrabando, el mercado ilegal de estupefacientes y los cobros por las “trochas” o pasos no oficiales, estos adolescentes corren el riesgo de ser reclutados para actividades criminales. Los desafíos en la atención a esta población específica por el gobierno colombiano y la sociedad civil son enormes. ¿Cómo garantizar la protección y al mismo tiempo no truncar su disposición y esperanza de ayuda a la familia que se ha quedado en su país? También nos invita formularnos la pregunta: ¿cómo identificar cuántos de ellos estaban en una condición de calle en Venezuela y se han movido con este éxodo que cruza las fronteras? 

El Centro de Migraciones se ha visto desbordado desde 2015, cuando se rompieron relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia. El asesinato de tres guardias venezolanos en los límites fronterizos llevó al gobierno de Nicolás Maduro a ordenar el cierre de la frontera. En aquel momento, el Centro de Migraciones tuvo que atender a la población colombiana expulsada por el gobierno venezolano. De acuerdo con las cifras, 2200 personas deportadas y un “retorno voluntario” de 18 000 más (6), temerosos de las tensiones que se estaban presentando entre ambos países. En el estado fronterizo del Táchira, del lado venezolano, se marcaron casas —muchas de ellas construidas con materiales precarios de lata y madera—, donde vivían familias colombianas, las cuales fueron derribadas por orden del gobierno venezolano. Ello generó un fuerte temor que obligó a salir del país vecino a estas personas, que no eran sólo colombianas, se trataba de familias binacionales que se habían formado durante mucho tiempo en Venezuela. Además de la grave situación que ya se estaba presentando, estas expulsiones y “retornos” ocasionaron un mayor problema porque había muchas personas colombianas, desplazadas por la violencia en su país, que habían cruzado las fronteras solicitando refugio en Venezuela. Para ellas, la situación se agudizaba porque ya no se sentían seguros en Venezuela y mucho menos en Colombia, de donde habían salido huyendo. 

Una de las causas de estas deportaciones y los retornos forzados de la población colombiana es la disputa sistemática en las relaciones bilaterales con la llegada simultánea de gobiernos con posturas políticas muy divergentes: Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en Colombia y, del otro lado, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En el marco de la regionalización del conflicto armado colombiano, (7) desde Colombia se acusaba al gobierno venezolano de permitir el resguardo de las guerrillas en su territorio y, por lo tanto, colaborar con éstas. Del lado venezolano se acusaba al gobierno de Colombia de colaborar con Estados Unidos e introducir paramilitares en territorio venezolano. 

Estas tensiones tuvieron efectos concretos en la vida de la población en ambos lados de la frontera. El cierre que comenzó en agosto de 2015 y que persiste en la actualidad, en una frontera que otrora fuera considerada la más dinámica de Sudamérica, ha profundizado la crisis económica y social en las ciudades contiguas. También se ha registrado un mayor escalamiento de la criminalidad, presente también desde hace mucho en esta zona y que ahora encuentra en el éxodo una oportunidad de ampliar sus ganancias a través de los cobros por permitir el cruce de personas por caminos verdes o trochas. 

Asimismo, en Venezuela, la expulsión ha sido causada debido a dificultades económicas y tensiones políticas que han polarizado al país, y a sus graves consecuencias en la situación social. Esta difícil circunstancia, cuyos efectos son el acceso limitado o inexistente a alimentos básicos y a la atención en salud, así como la violencia intensificada en algunos territorios, generó una importante movilización de familias venezolanas que, dada su magnitud e intensidad, puede considerarse un éxodo. Al principio significó la salida de personas jóvenes, profesionales que buscaron fuera de las fronteras de Venezuela un espacio laboral que les diera la posibilidad de sostenerse y enviar recursos a su familia que se quedaba en el país. Padres o madres de familia, dejaron a sus hijos al cuidado de otros adultos en sus hogares y salieron de manera forzada a buscar en los países vecinos condiciones económicas para solventar la escasez.

En la medida en que la situación se fue tornando más crítica, particularmente tras el cierre fronterizo de 2015, la intensidad de la expulsión de personas fue creciendo y también la dinámica fue variando: pasó de estar integrada por personas jóvenes, jefes o jefas de hogar a la movilización de cientos de familias enteras. Y, específicamente en la frontera, se ha presentado lo que se denomina migración pendular, que consiste en que miles de venezolanos, mujeres y hombres, cruzan diariamente para comprar en Colombia los productos que escasean en su país, para visitar a sus familiares o buscar atención médica o educativa.

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2018 vivían en Colombia 468 428 personas venezolanas con documentación regularizada; 105 766 en situación irregular, ya sea porque superaron el tiempo de permanencia permitido en el país o ingresaron sin autorización; 361 399 personas estaban en proceso de regularizar sus documentos y 1 600 000 personas de origen venezolano habían obtenido su Tarjeta de Movilidad Fronteriza, con la cual los residentes en la frontera se mueven diariamente entre los dos países, es decir, migración pendular. También se encontró que en la composición de la población proveniente de Venezuela (en 2017), 40% era de personas colombo-venezolanas, 30% venezolanas y 30% colombianas. (8)

Tan sólo de enero a mayo de 2019, el Centro de Migraciones ha atendido a 2005 personas; de éstas, 1385 reportaron Cúcuta como ciudad de destino, 327 están en tránsito y buscan ir hacia el interior del país o seguir su camino al sur del continente, y 303 han decidido presentar una solicitud de asilo para permanecer en Colombia. Allí han llegado quienes se arriesgaron a salir de Venezuela para buscar empleo y ayudar a las familias con remesas desde el extranjero, así como las familias que han decidido migrar en grupo para buscar un porvenir juntos, como Luis y su familia, y otros tantos que tratan de reunificarse con familiares que ya están fuera del país, en Colombia, Ecuador, Perú o Chile, como los hermanos Víctor, Ángeles y Eduardo. Pero también muchos de ellos tuvieron como causa de expulsión, además de las condiciones socioeconómicas, la situación política y la violencia acontecida a raíz de la polarización en el país. Son personas que huyen de la violencia y de amenazas originadas en cuestiones políticas. 

El Centro de Migraciones que se ubica cerca de la zona centro de la ciudad, así como otros refugios que se han instalado en la frontera, más cercanos del cruce fronterizo, dan resguardo, alimentos, atención en salud, asistencia legal, así como orientación básica para seguir su camino en el país o hacia la frontera con Ecuador, desde donde continuarán su trayecto hacia los países vecinos. De Cúcuta a Bogotá transitan a pie a lo largo de más de 596 kilómetros de carretera y, quienes continúan hacia otros países recorren, por ejemplo, otros 857 kilómetros más para llegar a la frontera con Ecuador. Los y las venezolanas caminan porque no tienen suficiente dinero para comprar un boleto de autobús a la capital, que cuesta alrededor de unos 35 dólares, ni un pasaporte que los identifique y les permita realizar la compra de su pasaje. Durante este recorrido a pie, se ven obligados a cruzar la cordillera oriental que atraviesa el país, razón por la cual pasan por climas diferentes: el camino empieza con el calor húmedo de Cúcuta, de 37°C promedio, pasando por el frío pamplonés de unos 12°C, a dos horas en automóvil, y siguiendo por la subida hasta llegar a los 3200 metros de altura, que es el punto más difícil y peligroso para las y los caminantes: el así llamado «la nevera», donde las temperaturas descienden hasta cinco grados bajo cero. Aunque no se ha registrado oficialmente, los rumores de quienes habitan la región refieren que de 3 a 17 personas han fallecido por hipotermia. La densa nubla, la lluvia y el frío se convierten en factores desafortunados y en una verdadera pesadilla para quienes deben recorrer ese camino.

Los medios de comunicación internacionales no han parado de exponer la crítica situación de cientos de miles de personas, particularmente hombres y mujeres jóvenes que se ven forzados a alejarse de sus familias en Venezuela para salir a buscar fuera de sus fronteras lo que no consiguen en su país, además de huir y salvaguardar la vida debido a la violencia que sufrieron. Este éxodo habría sido negado, como ha sucedido durante largo tiempo ya con cientos de miles de latinoamericanos que han cruzado la frontera, huyendo hacia el norte, con el fin de salvar la vida ya sea de la violencia, de situaciones de precariedad, o una combinación de ambas, de no ser por dos razones. La primera, la intensidad de la expulsión, es decir, la magnitud del número de personas migrantes venezolanas que han salido de su lugar de origen en un tiempo tan breve: mientras que en 2015 alcanzaba la cifra de 697 562 personas, para 2017 este flujo aumentó en hasta 200%, con 1 622 109 personas venezolanas que salieron de su país.

Por otro lado, hay una razón política que sustenta su visibilidad. La Venezuela chavista ha sido contestataria frente Estados Unidos. En tal sentido, el drama que viven cientos de miles de familias venezolanas ha servido para ejercer presión al gobierno de Nicolás Maduro, buscando su salida del poder. En nombre del interés humanitario, se revela la disputa política internacional, dejando claro que el interés no radica especialmente en las personas que han sido expulsadas, sino en cómo esta dinámica favorece los intereses geopolíticos en la región. Por ello, las cifras del número de venezolanos migrantes ha sido objeto de disputa entre el gobierno del país de origen y los organismos multilaterales, justo por lo que representan políticamente. 

La población que ha huido de Venezuela es muy heterogénea. Si bien al principio, debido a las decisiones políticas del gobierno de Hugo Chávez, salieron familias con importantes recursos económicos y, detrás de éstas, profesionales del sector petrolero, en la actualidad es la crisis social, económica y política desatada en 2015 la que ha terminado por expulsar a las personas provenientes de estratos medios y bajos. Esta población se caracteriza por mujeres, hombres y jóvenes, en su mayoría solteros y, más recientemente, familias. Los lugares donde se reporta la expulsión de personas se concentran en el país: Caracas, distrito capital, con 17%, seguida de los estados Carabobo, 11.6%, y Aragua, con 7.6%, además del estado fronterizo del Táchira, con 11.7%. 

Las estadísticas sobre niñas y niños no han sido muy concretas respecto a la población que ha llegado a Colombia. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, hay aproximadamente 3 270 000 personas de nacionalidad venezolana que radican en Colombia, sin mencionar el carácter regular o no de su estatus migratorio. El Observatorio Proyecto Migración Venezuela menciona que cuatro de cada diez venezolanos que emigran a Colombia son niñas y niños, calculando una población infantil de aproximadamente 439 529 que viven en el país, de los cuales 78% son menores de 11 años. Según información del GIFMN, 12% de las 400 personas que cruzan la frontera colombiana-venezolana son niñas y niños.

Ahora bien, la Registraduría Nacional de Colombia reporta que, de 2015 a 2018, nacieron en Colombia 25 137 niños de madres venezolanas quienes, por las condiciones normativas, sí cuentan con documentos regularizados y reciben un acta o registro de nacimiento, con la salvedad de que no es válido para otorgar la nacionalidad. Dado que las familias no pueden regresar a Venezuela para hacer los trámites de registro en su país, los niños se quedaron en riesgo de apatridia. Se recurrió a mecanismos como el de madres sustitutas, que se encargaron de asentar la partida de nacimiento mientras que los padres y madres regularizaban su documentación. El gobierno colombiano ha mencionado, un año después, que regularizará a estas niñas y niños y les otorgará la nacionalidad. Llaman particular atención las niñas y niños, hijos de venezolanos que nacieron en otro país, distinto de Colombia y Venezuela, que obtuvieron su registro de nacimiento en esos países y que, por alguna razón, sus familias retornaron y se han quedado en Colombia, dado que no tienen papeles vigentes ni en aquel país ni en Venezuela. Es necesario que el gobierno colombiano, que funge como país receptor, también identifique y dé atención a estos casos. 

Como puede observarse, el éxodo venezolano tiene muchas aristas, desde las experiencias propias de las niñas, niños, adolescentes y sus familias, hasta las condiciones geopolíticas que ponen en tensión estas situaciones. En octubre de 2019, países como Ecuador, Perú y Chile empezaron a solicitar el pasaporte venezolano como medida de control para el ingreso, con lo cual muchas familias en situación irregular quedaron retenidas en la frontera colombo-ecuatoriana, algunas buscando distintas estrategias para entrar al país, otras retornando a ciudades colombianas para rehacer su vida y, otras tantas, retornando a Cúcuta como lugar de destino.