La separación familiar y la detención de migrantes bajo la administración del presidente Donald Trump fue una noticia que viajó alrededor del mundo a través de videos e imágenes que mostraban a niños separados de sus madres y encerrados en jaulas, llorando.

Un número cada vez mayor de familias migrantes y niños, permanecen separados y en detención punitiva indefinida. No obstante que el gobierno de Trump anunciara oficialmente el fin de su política de “tolerancia cero”, se sigue separando a las familias; a los padres se les encarcela en centros de detención, a los hijos se les envía detenidos durante meses o años a espacios como albergues (centros de detención para menores) o bien a hogares de acogida a miles de kilómetros de distancia de su madre o padre, muchas veces sin tener noticias unos de otros. El gobierno federal y una variedad de organizaciones “sin fines de lucro”, incluidas instituciones religiosas, administran estos refugios. Antes de que se anunciara la política de “tolerancia cero”, en estos espacios se albergaba ya a cerca de “8886 niños no acompañados” —según datos del portal de noticias ProPublica— que habían cruzado la frontera. (1)

Los espacios de detención para niños migrantes incluyen un espectro muy amplio de instalaciones, que abarcan desde casas de acogida, refugios, estaciones de la patrulla fronteriza hasta centros de detención.

Algunas de estas instalaciones parecen almacenes. Un ejemplo es Casa Padre, en Brownsville, Texas, un Walmart convertido en albergue para menores no acompañados donde hay alrededor de 1500 niños inmigrantes, o Tornillo Tent City (una ciudad de carpas construida en 2018), que es un centro de detención temporal para niños migrantes ubicado en la frontera, en Tornillo, Texas, operado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Algunos de estos refugios son manejados por organizaciones como Southwest Key, que durante más de veinte años ha servido como lugar de acogida para albergar a niñas y niños migrantes no acompañados, menores de 18 años. Éste es parte del sistema de refugio federal que se creó como resultado del Acuerdo de Judicial de Flores de 1997. (2) Southwest Key tiene más de treinta refugios en los estados de Texas, California y Arizona.

Pero las separaciones familiares no es una problemática reciente en Estados Unidos ni se limita al territorio fronterizo; sucedieron también durante el gobierno de Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. “En 1986 Reagan llevó a cabo alrededor de 24 592 deportaciones, equivalente al 0.76% del total de la población indocumentada que había en el país, estimada en 3.2 millones. En el gobierno de George H. W. Bush se realizaron 141 316 deportaciones. En 2005 también empezaron a construir los primeros centros de detención familiar. Con Barack Obama se expulsó del país a 2.7 millones de inmigrantes, aun si su gobierno había apostado por no separar a las familias que cruzaban la frontera con los hijos”. (3)

La separación familiar forzada y las deportaciones generan numerosos efectos perjudiciales, no sólo en las personas deportadas, sino en las familias y comunidades extendidas que abandonan y, sobre todo, en las niñas y los niños.

“A mi mamá la deportó Obama, no Trump”, dice Michelle, una niña de 12 años que enfrentó la deportación a México de su mamá a los 5 años, junto con su hermana mayor Heidi. Ambas tuvieron que vivir tres años sin su madre y enfrentar su ausencia a esa corta edad:

Durante mucho tiempo, Michelle y su familia estuvieron buscando ayuda para la reunificación en Nueva York. Junto con Heidi y su papá organizaron una campaña de reunificación familiar con la organización New Sanctuary Coalition, cuyo propósito era traer de regreso a su mamá a la ciudad de Nueva York. Ella tenía sólo 7 años y 15 su hermana Heidi. Así lo relata Michelle:

Ambas hermanas tienen amigos y familiares que también fueron separados de sus madres debido a las deportaciones.

Para muchas niñas y niños, la separación familiar, así como vivir bajo la presión y la angustia de que tus padres podrían ser deportados en cualquier momento, ha transformado su vida e infancia de manera vertiginosa. Como resultado de esta experiencia, comienzan a posicionarse políticamente y a ser los portavoces de sus familias, barrios y comunidades. Entre líderes de fe, activistas, abogados y organizaciones pro migrantes aprenden a “luchar” por sus derechos sin olvidarse de los espacios habilitados para el juego, las risas y la diversión. 

La separación familiar es como desaparecer del núcleo familiar al padre o a la madre. Al volver a casa después de la escuela, la niña o el niño se da cuenta de que su mamá no está, de que se ha ido, de que los agentes de migración la han detenido para luego deportarla y, de un momento a otro, en unas cuantas horas, esa niña o niño se ha quedado sin madre. En otros casos, el padre no puede regresar a casa porque los agentes de migración lo detienen en una redada en su trabajo y lo deportan. Lo cierto es que la separación familiar forzada expone a los hijos a futuros inciertos. 

Pero, ¿qué diferencias y similitudes hay entre las separaciones familiares forzadas por las deportaciones, por el desplazamiento económico y aquéllas resultado de las políticas de tolerancia cero? ¿De qué manera moldean y dan forma a la experiencia humana de los niños migrantes? La infraestructura y maquinaria de las separaciones familiares y la detención, ¿cómo configuran las interacciones sociales, el bienestar y la salud mental de los niños?

Hazel recuerda que hasta después de unas semanas de estar “encarcelada” pudo hablar con su mamá y decirle que estaba viva:

Desde 2015 Hazel vive con su mamá en New Haven, Connecticut, y recientemente se ha convertido en residente de Estados Unidos. También trabaja como activista con familias refugiadas en “santuario”, familias en detención y en familias en busca de refugio. 

Para Hazel, son muchas las consecuencias psicológicas y emocionales de migrar “a escondidas”:

Por otro lado, las recientes separaciones familiares bajo la administración del presidente Trump y la política de mano dura —denominada de “tolerancia cero”— ha impactado a miles de familias, como la de Betty, una madre soltera de El Salvador que migró a Estados Unidos huyendo de la violencia de las maras. El padre de su hijo, un marero, abusó sexualmente de ella en varias ocasiones hasta que quedó embarazada y, aun cuando desde hace años él estaba en la cárcel, controlaba todos sus movimientos,

“me amenazaba con matarme si no iba a verlo a la prisión”. 

Cuando Betty cruzó la frontera de Estados Unidos junto con Juan, su hijo de tres años, los agentes de migración la llevaron a un centro de detención en El Paso. Ahí “la policía [sic]” le dijo que le diera a su hijo porque lo iban a bañar y ella no podía salir de su celda:

“Yo le di a mi hijo, igual que otras madres más, nunca pensamos que nos separarían de ellos”. 

Betty no volvió a saber de su hijo hasta tres meses después. En todo momento le preguntaba a los agentes de migración:

“¿Dónde está mi hijo?”. De forma déspota le contestaban: “¿Cuál hijo?, tú no trajiste hijo, vete a tu país, ustedes son como las cucarachas”.

Después de haber estado separados, Betty notó un cambio en el comportamiento de su hijo. No quería estar con ella, se portaba agresivo, “lloraba de todo, no era el mismo niño del que me separaron”. Había sufrido un trauma emocional por la separación:

“Imagínate, viajamos desde El Salvador hasta la frontera y él era tan callado, tan tranquilo. No era así, no era así”. 

A raíz de la política de “tolerancia cero” se han intensificado las prácticas y los procedimientos en contra de las personas que buscan asilo y refugio en Estados Unidos. Después de que los migrantes solicitan asilo al entrar a la frontera y de hacer la entrevista de “temor creíble”, los encarcelan por tiempo indefinido en centros de detención, separados de sus hijos, mientras esperan una respuesta de migración que les dé alivio o bien, ser liberados, aun si muchas veces es con supervisión, teniendo que usar un monitor electrónico en el tobillos, como Betty.

Otro caso es el de Daisy, también salvadoreña, madre soltera, que igual que Betty fue separada tres meses de sus tres hijos: Lady, de 15 años; Daira, de 8 y Alan de 5. “Llegamos a Arizona, ahí nos agarró la Migración, nos entregamos, le pedimos asilo, y aun así nos encarcelaron y separaron”.

Después de estar más de un mes en el Centro de Detención de Eloy, en Arizona, junto a otras madres que también habían sido separadas de sus hijos, Daisy escuchó que había un abogado que ayudaba a mujeres como ella a salir de la “cárcel” y recuperar a sus hijos. Una amiga nueva, que había conocido en la “cárcel”, le dio el teléfono del abogado Ricardo de Anda y le dijo: “Llámale, vas a ver que él te va ayudar”. Daisy no dudó ni un momento y se comunicó con el abogado por teléfono. 

La habían separado de sus hijos al entrar al centro de detención y cuando le preguntaba a los policías de migración por ellos, le contestaban en un tono burlón: “¿Cuáles hijos? Tú no viniste con hijos”; “eso te pasa por venir de ilegal, regrésate a tu país”. Ella se ponía a llorar desconsoladamente, estaba desesperada y angustiada por saber de sus hijos. Otras madres de familia que pasaban por la misma situación se solidarizaron con ella, le decían: “No te preocupes. Vas a volver a ver a tus hijos, ten fe en Dios”. 

Después de hablar con el abogado, Daisy pudo saber de su paradero: los agentes de migración los habían mandado a Abbott House, una agencia de “foster parents” (padres adoptivos o de acogida) en la ciudad de Nueva York. Se trata de una organización privada, especializada, que trabaja con un programa denominado Transitional Resources for Children, TRC (Apoyo transitorio para niños [traducción propia]). Tiene centros de cuidado de niños migrantes que entran a Estados Unidos “no acompañados por un adulto”. Allí se les alberga durante un plazo breve mientras se identifica a un miembro de la familia. Durante su estadía, los niños reciben alojamiento y comida, orientación, servicios médicos y educativos y se gestionan sus casos. 

Sin embargo, estas agencias de foster parents han generado controversias. A raíz de la separación familiar, activistas, políticos, asociaciones civiles y líderes religiosos han organizado manifestaciones y conferencias de prensa para denunciar que la mayoría de los niños migrantes ahí alojados entraron a Estados Unidos con sus padres o algún familiar, y que el gobierno estadounidense recurre a ellas como un instrumento de separación de familias migrantes y, a la vez, como un negocio lucrativo. Hay otras agencias que reciben niños separados de sus padres en la frontera: Cayuga Centers, Southwest Key Programs, Rising Ground, Jewish Child Care Association, Foster Care Center, Casa San Francisco, etcétera.

En marzo de 2019, Daisy se reencontró con Daira y Alan, sus dos hijos, en Abbott House. A la mayor, Lady, la habían internado sin su consentimiento en un hospital psiquiátrico. “Mi hija no pudo emocionalmente con la separación, el trauma fue muy grande”.

Durante su estancia en Nueva York, Daisy y su familia recibieron ayuda de Sanctuary Neighborhood, una red de apoyo a migrantes integrada por personas de la sociedad civil, activistas y líderes religiosos.

Tras una semana de asistir al hospital psiquiátrico en Manhattan, donde estaba su hija, Daisy logró que los médicos la dieran de alta. Lady estaba callada y a la vez emocionada, creía que no volvería a ver a su mamá y a sus hermanos. Al verla, su hermano Alan le preguntó: “¿Te puedo abrazar?, ¿ya están permitidos los abrazos?”. Daisy no sabía por qué había preguntado eso su hija: “Es que en la cárcel donde estábamos no nos dejaban abrazarnos. Las señoras que nos cuidaban decían que no estaba permitido dar abrazos”, le dijo.

Lady le preguntó a su mamá si podía llevarla a ver la Estatua de la Libertad. En ese viaje, platicaron de sus planes, de su vida juntos como familia, y decía sentirse feliz de estar “libre”:

Daisy les preguntaba a sus hijos:

—Y allá en la cárcel, ¿qué hacían, cómo dormían?

—Nos daban unas bolsas de plástico para dormir, había muchos niños —contestó Daira.

—¿Y ahí fue donde se les pegaron los piojos?

Daira sólo mueve la cabeza y responde:

—No sé dónde, mamá.

En 2005 se puso un vigor el operativo “Streamline”, un programa que se puso en práctica en un tramo de la frontera de Texas, que indicaba que todos los migrantes que ingresaban de manera ilícita o “ilegal” a Estados Unidos serían procesados como criminales y encarcelados para acelerar sus juicios y, de esta manera, deportarlos con mayor rapidez.

Pronto esta iniciativa se extendió a otros lados de la frontera. Sin embargo, en ese entonces se hacían excepciones para los adultos que cruzaban con su hijos o con infantes, así como para los menores de edad y personas enfermas.

Bajo la administración del presidente Trump y con la política “tolerancia cero”, la táctica para castigar y aterrorizar a las familias que cruzan la frontera con sus hijos fue separarlos y encarcelarlos en centros de detención (“cárceles”) a miles de kilómetros de distancia unos de otros, mientras enjuiciaban y criminalizaban a las madres y padres de estos niños por pedir asilo o cruzar “ilegalmente” la frontera.

Ante la creciente presión nacional e internacional, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para detener la separación de los hijos de sus padres inmigrantes en la frontera, sin embargo, meses después de haberse revocado la política de “tolerancia cero” todavía hay familias a las que separan en la frontera.

El gobierno federal identificó a más de 2737 niños que fueron separados de sus padres (4) debido a esta política y todavía más de 15 000 niños están lejos de ellos. (5)

Dice Lady:

Si bien los centros de detención crean empleos y generan ingresos para los gobiernos locales y las corporaciones privadas, la detención tiene efectos perjudiciales irreversibles en la salud mental y el bienestar de los migrantes, sus familias y comunidades. La detención de niños migrantes no es un hecho aislado, forma parte de un sistema y una infraestructura que afecta diariamente a miles niños detenidos en más de cien espacios de detención, exclusivos para ellos, en 17 estados de Estados Unidos.

El impacto y la huella que deja la migración, la deportación, la separación familiar, el encarcelamiento o incluso la narrativa antiinmigrante en la infancia no tiene precedentes. Con la separación de familias, el gobierno de Estados Unidos ha confiado en que podría disuadir a la gente de migrar pero, por el contrario, “la política de mano dura” ha generado traumas y daños en la salud mental de niños y jóvenes adolescentes y en las comunidades migrantes.

Bajo el gobierno de Trump nos encontramos en un clima político opresivo en Estados Unidos, con un discurso antiinmigrante rabioso y una agenda punitiva. La infraestructura y la maquinaria para la detención y el encarcelamiento de los migrantes se han reforzado y expandido mediante sus crueles medidas para criminalizar la migración, la separación de padres de sus hijos, la reducción radical del número de personas que acceden al procedimiento para solicitar asilo, las incursiones masivas sin precedentes en todo el país y la militarización de la frontera.